En este sentido, en los últimos años están floreciendo nuevas iniciativas soberanas de los Estados, alejadas del ortodoxo orden liberal de Bretton Woods de 1944, del llamado Consenso de Washington de 1989 o del Acta Única Europea de 1986. Una nueva ortodoxia, hasta ahora heterodoxa, se está abriendo paso.
La iniciativa de la administración Biden en 2022 con la llamada “Inflation Reduction Act” o la propuesta de impuesto en frontera de la UE, “Carbon Border Adjustment Mechanism” de 2023, estarían intentando abordar algunas de las incomodas verdades que ya venimos visualizando. Parte del malestar, con potencial desestabilizador, ya se inició en 2018 en Francia con el movimiento de los chalecos amarillos y continua con la reciente agitación en el sector agrícola.
Por todo ello, desde la política energética resulta ineludible tomar conciencia de todas las dimensiones del problema. Es crítico para avanzar con realismo utópico hacia una economía descarbonizada, sin dañar el sistema de libertades que nos hemos dado, ni comprometer el bienestar de los ciudadanos.
Por ahora, lo que se observa es una creciente divergencia entre la ambición climática manifestada y la realidad practicada. Urge la convergencia entre discurso y praxis.
También urge un desempeño institucional a la altura de los retos en juego. El Estado, en su condición de regulador, de tramitador y de arbitro, debe seguir abordando las deficiencias identificadas.
De hecho, resulta sumamente interesante que la Unión Europea, en estos momentos, al tiempo que mantiene vivo su compromiso con el pacto verde, lo condiciona a la competitividad de la economía, la industria y la agricultura.
Sobre ello hablaremos en profundidad en nuestro próximo encuentro.
